El Alquiler Social: un camino de oportunidad para dar respuesta a tantas familias que esperan

La recientemente promulgada Ley de Alquileres incorpora la figura del alquiler social e inicia un camino de oportunidad en este tema en nuestro país. Aún más, si tomamos la crisis sanitaria y económica del COVID19, donde el principal escudo para preservar la vida es fundamentalmente una vivienda adecuada, el alquiler social se convierte en un instrumento de inclusión y de realización del derecho a la vivienda. 

Como organización social que viene trabajando desde hace más de diez años en la problemática, con el único proyecto de alquiler social a cargo de una ONG en el país, hemos generado suficiente evidencia como para saber que es posible dar respuesta a esta situación, pero no con el alcance que lo permite una política de estado.

Es importante resaltar que la figura del alquiler social busca el acceso de condiciones dignas y justas para un sector de la población que durante décadas ha destinado, en mayor o menor medida, recursos para la vivienda en un sistema inseguro y muchas veces clandestino. Paradójicamente, los altos montos que en la informalidad se exigen para acceder a condiciones mínimas de vivienda son semejantes a los llamados “de mercado”. Esto nos enfrenta con la posibilidad de saldar esta deuda, si como sociedad podemos generar las asociaciones que se requieren para dar solución.

En distintas partes del mundo, modelos de articulación pública y/o privada, incluyendo a la sociedad civil, han demostrado ser efectivos para dar respuesta a las personas que no tienen vivienda y que no pueden acceder a ellas a través de un alquiler. Hay mecanismos que preveen la utilización de inmuebles desocupados, la generación de incentivos para propietarios, mejoramiento de espacios degradados o abandonados para ser destinados a viviendas. En algunos casos, se le da participación al voluntariado y a las familias que luego residirán ahí o incorporan un trabajo en red con otras organizaciones para fortalecer otros aspectos como la búsqueda de empleo.

A su vez, que el alquiler social sea una política de Estado ha dado lugar a mejorar los sistemas de información sobre el tema: generar bases de datos, registros de propiedades posibles, transparentar los recursos que tienen los estados para aportar al sistema.

Es por esto que esta incorporación en la Ley de Alquileres brinda, asimismo,  tantas oportunidades como desafíos: tanto para la generación de sistemas o mecanismos que mejoren la oferta de viviendas para quienes hoy no acceden como para la construcción de diálogo y de agendas en común.

Como organización que busca que cada persona tenga un lugar digno para vivir, se nos abre un gran camino por recorrer, que iniciamos poniéndonos a disposición para articular y fortalecer capacidades para el diseño de modelos, en un proceso de diálogo y acuerdos, con el involucramiento de todas las partes que se requiera para estar a la altura de la oportunidad que este contexto nos brinda.