Jornadas de Alquiler Social

Contar con más viviendas disponibles para alquilar, analizar la realidad socioeconómica de las familias excluidas del mercado inmobiliario formal y generar herramientas públicas o de administración privada sostenibles para que puedan acceder a un lugar digno donde vivir fueron algunas de las propuestas que surgieron en las 1° Jornadas de Alquiler Social que organizamos desde Hábitat para la Humanidad Argentina. Tuvo el objetivo de co-producir propuestas para que se materialicen acciones en la temática, con la participación del sector social, público, privado y académico, y especialistas en vivienda de diferentes fuerzas electorales.

En Argentina el alquiler social está contemplado en el artículo 17 de la Ley de Alquileres y las recientes discusiones sobre la normativa no lo modificaron. Sin embargo, hasta el momento no se implementó una política que les permita a las personas excluidas del mercado inmobiliario formal rentar una vivienda. “Una de las conclusiones de todas las mesas de trabajo fue que no es útil un plan único de alquiler social a gran escala, sino diferentes programas con las especificidades de la población a la que está dirigido. Hay que desarrollar un abanico de herramientas y un diagnóstico previo para elaborar políticas óptimas”, señaló Paula Celestino Ayala, directora adjunta de Desarrollo Institucional de la organización. 

En el país hay 600 mil hogares inquilinos que no tienen ingresos formales, lo que los pone en riesgo de exclusión. Ese fue uno de los datos que surgieron en los paneles que se realizaron durante los tres días de trabajo. “Existen en la región y el mundo distintos modelos para garantizar que las familias en esta situación accedan a una vivienda digna, y en esas experiencias el Estado asume diferentes roles”, explicó Celestino Ayala. 

Durante los tres días de trabajo, realizados en la sede porteña de la Universidad Blas Pascal, se buscó la coproducción de conocimiento como insumo para elaborar un proyecto materializable de alquiler social. Las conclusiones se trabajarán con un “grupo promotor”, integrado por organizaciones y personas voluntarias que quieran encarnar, junto con Hábitat para la Humanidad Argentina, el seguimiento de las propuestas para materializar una política pública, en diálogo con quienes sean parte de los gobiernos a partir de diciembre próximo.

Alquiler social, una medida política

Durante las jornadas, representantes de las fuerzas políticas Unión por la Patria (UP), Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) intercambiaron ideas sobre qué hacer para que más personas puedan acceder a un alquiler. “Creemos fundamental que las y los dirigentes cuenten con información sobre la realidad de muchas familias excluidas, tanto como escuchar cuáles son los planes que proponen poner en marcha”, señaló Celestino Ayala. “Hubo muchos puntos en común, eso es lo más importante”, resaltó.

Manuel Socías, legislador porteño por UP, propuso que “en el corto plazo, se debe salir de la emergencia con una respuesta concreta, como la constitución de un fondo de estabilización del mercado de alquileres”. Según explicó, esa herramienta aliviaría la crisis habitacional de todos los sectores inquilinos, no solo de quienes necesitan el alquiler social. En calidad de subrogación, “el fondo le pagaría al propietario en nombre del inquilino y después le cobra al inquilino 36 cuotas consecutivas con una actualización anual que esté por debajo de lo que establezca el índice vigente en la ley”. 

Para aplicar una vez saldada la problemática macroeconómica para el país, en el mediano o largo plazo, su fuerza elabora “un régimen nacional de alquileres protegidos, que tenga un submercado público, articulado a través de los bancos públicos de vivienda y con un stock de vivienda que permita atender a las poblaciones vulnerables con alquiler social, y luego un submercado privado”.

“El 30% de los porteños alquilan y en los barrios populares es donde más necesidad existe de que haya una política pública de alquiler social”, evaluó, en tanto, Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación y referente de la temática de JxC. En su mirada, un camino de solución es brindar créditos para la vivienda para personas mayores, por encima del límite actual de esa herramienta bancaria ubicada en promedio en los 55 años. 

“La tierra pública debe volcarse para la política habitacional. El Estado la tiene que disponibilizar”, consideró. También se manifestó en desacuerdo con incorporar un impuesto a la vivienda ociosa porque el sector público “debe dar un incentivo para que quien tiene una vivienda se anime a ponerla en alquiler”.

Para Ricardo Inti Alpert, especialista en vivienda de LLA, “el alquiler social, o una mirada social sobre los alquileres, es algo tan importante que amerita un foro permanente que nos de una hoja de ruta para abordar la situación”.  Por eso, se comprometió a revisar el documento de propuestas de gestión de su fuerza y darle más preponderancia al alquiler social. 

En coincidencia con sus pares, consideró que “hace falta incrementar el stock de viviendas” para que sea posible rentarlas, ya que “no se puede alquilar lo que no existe”.

Derechos en espera

Aunque hace tres años la Ley 27.551 creó el Programa Nacional de Alquiler Social, hasta el momento no fue implementado. Mientras se reclama por la aplicación de políticas efectivas, muchas familias viven en inquilinatos y hoteles-pensión en condiciones insalubres. “Fui a buscar un alquiler y me ofrecieron uno que no le ofrecían a nadie. Me lo mostraron de noche y firmé un alquiler por diez años. Al otro día, cuando nos mudamos, vimos que el baño en realidad era un pozo y que no había agua caliente en las duchas. Como el conventillo estaba inclinado se hundió el piso de la cocina”, relató una de las panelistas de la jornada, Lourdes Techera, que integra las mesas territoriales sobre alquiler social y reside en los edificios que integran el proyecto “Estela de Esperanzas”, que la organización puso en marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Justamente para buscar estrategias que frenen la vulneración de derechos en materia de vivienda, durante las actividades se conocieron casos de alquiler social en otros países, como Rumania y España. También, se escucharon los testimonios de personas que representan a poblaciones históricamente vulneradas en su acceso a la vivienda, como la LGBTIQ+.

Para Gustavo Caliciotti, director académico de la Escuela de Negocios Inmobiliarios de la Universidad Blas Pascal, hace falta “voluntad política en la inversión social para proteger a personas que están en situación vulnerabilidad”. Convocó a “trabajar mancomunadamente el sector público y privado, tomando como ejemplos los casos de alquiler social de Rumania y Hungría. Dar educación financiera para que progresivamente las familias puedan acceder a mejores inmuebles”.

De hecho, una de las conclusiones de las jornadas fue que el sector privado tiene un rol importante en la generación de oferta, tanto como es fundamental la participación del Estado para generar seguridad jurídica para todas las partes involucradas y acompañamiento para la población más vulnerable. Solo una mirada articulada, participativa e involucrada permitirá consolidar una política de vivienda que beneficie a todas las personas, en especial a quienes son históricamente excluidas por el mercado inmobiliario.