En el Día Mundial de las Ciudades, Hábitat para la Humanidad Argentina presenta los resultados de su intervención en el barrio Saladero, Bahía Blanca, como parte del Programa Nacional de Integración Socio Urbana. Las obras mejoraron significativamente la calidad de vida de las familias mediante acceso a servicios básicos y mejoras en infraestructura.

Mejoras en Infraestructura y Servicios Básicos

Hábitat Argentina desarrolló un Proyecto de Obras Tempranas (POT) que incluyó conexiones eléctricas intradomiciliarias para 33 familias, ejecutadas por la cooperativa local White Trabaja. En una etapa anterior, se instalaron conexiones de agua corriente para 160 familias y se construyeron veredas, rampas, se plantaron árboles y se colocaron cestos, mejorando la circulación y seguridad del barrio.

Resultados del Estudio de Impacto

El estudio realizado por Hábitat Argentina reveló mejoras sustanciales en seguridad eléctrica y habitabilidad:

• La percepción de seguridad eléctrica aumentó del 18% al 96%.
• Se eliminaron descargas eléctricas menores.
• Los cortes de electricidad bajaron del 52% al 8%.
• Los daños a electrodomésticos se redujeron del 39% al 8%.
• La facilidad para desplazarse por el barrio mejoró del 70% al 92%.

Testimonios del barrio

“Yo no podía conectar dos electrodomésticos juntos porque me saltaba la térmica. Antes tuve un incidente de incendio, ahora me siento segura.”

“Antes tenía alargues por todos lados, se prendían fuego. Ahora no hay cables expuestos y me siento segura.”

Importancia de la Integración Urbana

En Argentina, 1.237.795 familias viven en los 6.467 barrios populares censados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Históricamente, el abordaje estatal osciló entre la erradicación y la inacción. Los reclamos de vecinos y vecinas por obras de integración comenzaron a resonar hace poco más de una década. Desde la sanción de la Ley 27.453 de Barrios Populares, se realizaron 1.259 obras de integración, alcanzando a 326.100 familias.

Las obras promovieron inclusión laboral mediante cooperativas, mejoraron la seguridad eléctrica y evidenciaron la necesidad de continuar con políticas públicas que integren a los barrios populares. La articulación entre sectores público, privado y organizaciones sociales fue clave para garantizar derechos y mejorar condiciones de vida.

Estudio completo.

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En el marco del Programa «Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares» de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU), desde Hábitat para la Humanidad Argentina llevamos adelante el Proyecto de Obras Tempranas (POT) en el barrio Saladero de Bahía Blanca. Este proyecto permitió la instalación de conexiones eléctricas intradomiciliarias para 33 familias, contribuyendo a mejorar sus condiciones de habitabilidad y seguridad. 

La problemática en números 

En Argentina, hay 6.467 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. En la mayoría de estos barrios, el acceso seguro a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento no está garantizado. Este fenómeno repercute en la salud y el desarrollo. 

De acuerdo a nuestro relevamiento en Saladero, 1 de cada 2 familias había padecido al menos un corte del suministro eléctrico debido a problemas en la instalación eléctrica residencial. La ocurrencia de descargas eléctricas menores fue reportada en el 15% de las viviendas relevadas. Este es un dato importante, considerando la peligrosidad que conllevan las descargas eléctricas, especialmente en viviendas con presencia de niños. Por eso, 4 de cada 5 hogares percibían sus instalaciones como inseguras o muy inseguras. 

No se trata solamente de un derecho vulnerado. Las conexiones irregulares son verdaderas trampas que provocan desde electrocuciones hasta incendios que han dejado a las familias sin nada. Y estos accidentes pueden ser producto de actividades cotidianas como calentar agua en una pava eléctrica o encender un caloventor en invierno. 

Invertir en barrios populares 

Durante décadas, los asentamientos informales, cuando no eran ignorados, fueron vistos como un problema a cortar de raíz, incluso criminalizando la mera presencia de las familias que no contaban con otra solución habitacional por fuera de la autoconstrucción. 

Sin embargo, a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la consiguiente política de integración, se cambió la mirada a nivel nacional. El Estado comenzó a invertir en infraestructura, reconociendo el derecho de millones de personas a tener una mejor calidad de vida, contando con servicios seguros y seguridad sobre la tenencia de su vivienda. 

De acuerdo a estudios de Hábitat para la Humanidad Internacional acerca de la relación entre vivienda y la salud de las mujeres, se estima que durante el primer año de inversión en asentamientos informales: 

• Se podrían prevenir 20,3 millones de casos de enfermedades como infecciones respiratorias, infecciones entéricas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, infecciones reproductivas y del tracto urinario e insolación. Esta mejora en la salud de las mujeres en asentamientos informales se puede comparar con los casos de parálisis evitados por la vacuna contra la poliomielitis durante 37 años. 

• Se podrían prevenir 42,9 millones de incidentes de violencia basada en género (violencia de pareja, violencia sexual no asociada a la pareja). Al menos uno de cada 17 casos de violencia sexual podría evitarse si se implementaran mejoras en los asentamientos informales. 

• 80.200 muertes podrían evitarse. Al menos una de cada cuatro muertes maternas y una de cada seis muertes debidas a golpes de calor podrían evitarse a nivel mundial si se implementan mejoras en asentamientos informales. 

Resultados en Saladero 

Gracias a las 33 conexiones formales a la red eléctrica que se hicieron, el 96% de las personas beneficiarias dice sentirse más seguras. Antes de las obras, este número era de apenas el 18%. Se redujeron del 52% al 8% la cantidad de cortes de luz registrados en las viviendas, y se eliminaron las descargas eléctricas menores que representaban un riesgo para la vida y la salud. 

Estos números se hacen carne en cada una de las personas que ahora cuentan con una conexión segura. “Tenías la sensación de que se iba a volver a prender fuego”, relata Antonina, una de las jefas de hogar de Saladero. “Me enorgullece muchísimo tener buena luz, es un respeto hacia tu vivienda”, concluye emocionada. 

Seguir por este camino 

Es esta misma experiencia la que nos lleva a abogar por las políticas de integración. Ahora podemos ponerle números al potencial que tienen estos programas y la capacidad de transformar la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad. 

A nivel internacional, estamos llevando a cabo la campaña #HogarEs para visibilizar a los mil millones de personas que viven en asentamientos informales y la necesidad de invertir en estos. A nivel local, seguimos impulsando por la continuidad de los programas de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) para que esto que sucedió en Saladero, se multiplique en todo el país. 

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El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país. 

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El mismo fue actualizado en 2022 y en 2023 con cifras que, hasta el momento, indican la existencia de al menos 6467 villas y asentamientos en todo el país, donde más de 5 millones de personas viven sin las condiciones básicas: vivienda adecuada, cloacas, agua potable, un hospital o una escuela cerca, o una plaza donde los chicos y las chicas puedan jugar.  

En 2018, el Congreso respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. La norma tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el RENABAP. Oficializa el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación; dispone la creación de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana; define que al menos el 25% de las obras de integración sean realizadas por cooperativas de trabajo; y prohíbe desalojos por un período de cuatro años en todos los barrios incluidos en el RENABAP, desde su entrada en vigencia en octubre de 2018 (lo que fue prorrogado en 2022 por otros diez años). 

A través del decreto que reglamentó la ley se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios. Desde el año 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas. 

De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios. A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de vivienda destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”. Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.

Es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas . De lo contrario sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que empezaban a darse algunas respuestas, largamente postergadas. En un contexto de aumento considerable de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, el Estado Nacional debe sostener la principal política que mejora las condiciones habitacionales de quienes viven en los barrios populares. 

Centro de Estudios Legales y Sociales
ACIJ
TECHO
Hábitat para la Humanidad Argentina

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